A propósito de la renuncia del ministro de Economía Luis Miguel Castilla, es propicio insistir en el replanteamiento de la política educativa, la cual depende presupuestalmente del MEF. Veamos. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se concibió que los grandes problemas educativos se resolverían mediante un agresivo programa de construcción de escuelas. Como ya imaginarán, posteriormente se comprobó las deficiencias en la construcción de muchas de éstas. La gestión de Alejandro Toledo, publicitó como el gran avance, la integración, vía Internet, de todos los colegios del país, a través del programa Huascarán. Lo que no advirtieron sus técnicos, fue la instalación de computadoras en pueblos donde ni siquiera se contaba con energía eléctrica. Durante la segunda administración de Alan García, y lo que va de Humala, se ha reducido el problema a cambiar la norma que rige al magisterio nacional.

Sólo he mencionado tres ejemplos (los más recientes), de reduccionismo en política educativa. Quizá el más frecuente de éstos se observa en pretender que la solución se concentra en el currículo nacional, justificando así su cambio en cada nuevo gobierno. Estas medidas, per se, no son negativas, pero sólo tendrán efectividad, si son parte de reformas integrales, que a su vez constituyen pilares de políticas de Estado. A la vista de estos cambios aislados e inconexos, habría que pensar que el gran problema de la educación peruana es la falta de continuidad, dónde cada nuevo gobierno quiere dejar su sello personal. Éste fenómeno, conocido como complejo de Adán, ha sido una expresión de la falta de institucionalidad en nuestro país. En efecto, la gente identifica más las medidas con personas, antes que con instituciones. Sin embargo, una realidad diferente se presenta en la economía de nuestro país. Entonces habría que preguntarse. ¿Por qué, al margen de la conveniencia del modelo, ha existido continuidad en la política económica, y no en la educativa?

Reflexionemos sobre esta disonancia entre esta continuidad económica, y la inconstancia en política educativa. A fin de esquematizar el análisis trabajaremos con dos hipótesis, dependiendo del cristal con el que se mire. La primera es que los sucesivos gobiernos han asumido como dogma que el desarrollo de un país depende fundamentalmente de algunos indicadores como crecimiento del PBI, de las exportaciones, de la inversión privada, o de un buen tipo de cambio. Sin embargo, a pesar de los alentadores percepciones de analistas y de medidoras de riesgo internacional, el ciudadano de a pie no siente que su situación ha mejorado.

La segunda hipótesis (sobre la continuidad económica) es algo perspicaz, pero no carente de sustento. Ésta nos dice que el factor determinante en la permanencia del mismo modelo económico es el enorme poder del empresariado nacional e internacional, a quienes no les conviene cambios radicales. Quizá la evidencia más sólida de esta hipótesis es la, cada vez más frecuente, aparición de escándalos de lobbies al más alto nivel. Esto es preocupante toda vez que los intereses de las grandes empresas, tiene como objetivo el incremento de los dividendos, el cual colisiona con el de los trabajadores. Es típico al respecto el tira y jala entre flexibilidad laboral y derechos adquiridos.

Si queremos dotar de continuidad (y mejor aún de sostenibilidad) a nuestra educación debemos regirnos por Índice de Desarrollo Humano propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y refrendado por más de un premio nobel de economía. Éste tiene tres componentes: el nivel de salud, representado por la esperanza de vida al nacer; el ingreso, representado por el PIB por habitante; y finalmente, el nivel de instrucción, representado por la tasa de alfabetización de adultos y el promedio de año de escolarización. Éste último es el que nos interesa, pues concilia la sostenibilidad económica (el ingreso), con la educativa (nivel de instrucción), y lo más importante, posibilita un bienestar más equitativo y democrático.

A estas alturas, muchos estarán pensando que la mejora de la calidad educativa en nuestro país, por la vía de la continuidad y de la sostenibilidad de las políticas de Estado, es una utopía. Sin embargo, a propósito de las próximas elecciones regionales y municipales, podemos comenzar por una política educativa regional. Se trata de poner en marcha algo más integral que el actual Proyecto Educativo Regional (PER). Se deben plantear objetivos y metas concretas y a la vez gravitantes en la calidad educativa. Con cargo a desarrollar de manera más detallada propondría dos, sobre los cuales existe relativo consenso. El primero es el de hacer vida el espíritu de superación de nuestros estudiantes, a través del esfuerzo y del entusiasmo en el estudio. El otro gran objetivo es la práctica de valores en la escuela y en el hogar, basado en el ejemplo vivencial. Si sólo, abocáramos todo nuestros esfuerzos, con un equipo de especialistas calificados, y el financiamiento respectivo, habremos dado un enorme paso en la mejora de la calidad educativa, y con ello enrumbarnos hace un auténtico desarrollo humano.