Por: Billy Crisanto Seminario

Hasta hace unos años, el asalto a bancos y a grandes centros comerciales era la modus operandi más frecuente de las bandas delincuenciales de la capital (en ciudades como Piura aún eran esporádicas). La extorsión y el cobro de cupos son relativamente recientes en nuestro país y han marcado una nueva y preocupante escalada del delito. El núcleo del problema (donde se genera la mayor violencia), es el sector de los gremios de construcción civil y, de Lima ha saltado a las principales provincias de nuestro país.

Hagamos un retroceso desde la actualidad hacia el pasado para tener una panorámica más precisa. Si hacemos un poco de historia, hay que reconocer que en los años más álgidos de la lucha anti subversiva, estos gremios se enfrentaron a Sendero Luminoso. El precio no fue nada módico. Varios de sus dirigentes cayeron bajo las balas y bombas terroristas. Pedro Huilca es la figura más emblemática de este difícil periodo. La pregunta que tenemos que hacernos es entonces ¿En qué momento estos sindicatos, otrora unidos y combativos, fueron infiltrados por las bandas armadas?

Veamos, en primer lugar hay que considerar que no es fortuito que hace mucho tiempo hayan dejado de producirse las multitudinarias marchas de los gremios de construcción civil. En efecto, a partir de los años noventa, con el boom inmobiliario la falta de trabajo ha dejado de ser el principal problema de los agremiados. Por el contrario,  los grandes flujos de capital en el sector inmobiliario, además de generar empleo, han terminado por atraer a los más avezados grupos del hampa.

Sin embargo, hay otros factores en la génesis del fenómeno de los cupos y de las extorsiones. Durante la dictadura fujimorista se dio la llamada flexibilización laboral. En el contexto general se trataba de quitarle fuerza al sindicalismo en el Perú. En el sector de construcción  civil se eliminaron las cuotas (porcentaje de puestos de trabajo) que se reservaba para los miembros de los sindicatos. Ello determinó que precisamente, a través de las marchas (a veces violentas) se lograba arrancar algunos puestos para los agremiados. Otras veces se negociaba por lo bajo con las compañías constructoras para lograr dichos puestos. Éste es precisamente el antecedente más directo de los cupos y extorsiones, hoy dominados por la delincuencia.

Otro factor que agudizó este problema fue la aparición de dirigencias paralelas en los gremios, las cuales rivalizaban por los puestos de trabajo. En el transcurso de estas disputas comienzan a cundir las amenazas y agresiones. Es entonces cuando los propios dirigentes buscan la “protección” de delincuentes y pandilleros para preservar  sus márgenes de poder. Al mismo tiempo exigen el pago para permitir la "normal" realización de las obras. Esto va generando un fondo económico para contratar a bandas cada vez más avezadas. El resto de la historia  es conocida. Estas bandas encontraron en este rubro una forma fácil de ganar dinero y el resultado es la actual situación con dirigentes y trabajadores asesinados por el sicariato.

A pesar de la gravedad y avance del problema de los cupos y extorsiones, la policía aún sólo realiza un trabajo represivo de estos delitos y de sus autores. Una ofensiva de las fuerzas de seguridad implica fundamentalmente un fino trabajo de inteligencia con la participación de agentes encubiertos  en las bandas y gremios más violentos. Para todos es conocido que la mayor parte de los grupos delictivos siguen órdenes provenientes de los penales donde se encuentran sus cabecillas. Esto tornaría más viable el trabajo de infiltración policial, pues el margen de control sería mayor dentro de los penales que en la calle. Desbaratadas las bandas y puestos bajo rejas sus cabezas, corresponde  enorme responsabilidad a fiscales y jueces, pues estos malhechores cuentan con costosos y hábiles abogados quienes pagan altas sumas por su liberación. La ciudadanía y los medios de comunicación deben estar atentos para denunciar y sacar de sus cargos a estos agentes de la ley que, lejos de cumplir su función, se convierten en aliados del delito.

Por: Billy Crisanto Seminario

Hasta hace unos años, el asalto a bancos y a grandes centros comerciales era la modus operandi más frecuente de las bandas delincuenciales de la capital (en ciudades como Piura aún eran esporádicas). La extorsión y el cobro de cupos son relativamente recientes en nuestro país y han marcado una nueva y preocupante escalada del delito. El núcleo del problema (donde se genera la mayor violencia), es el sector de los gremios de construcción civil y, de Lima ha saltado a las principales provincias de nuestro país.

Hagamos un retroceso desde la actualidad hacia el pasado para tener una panorámica más precisa. Si hacemos un poco de historia, hay que reconocer que en los años más álgidos de la lucha anti subversiva, estos gremios se enfrentaron a Sendero Luminoso. El precio no fue nada módico. Varios de sus dirigentes cayeron bajo las balas y bombas terroristas. Pedro Huilca es la figura más emblemática de este difícil periodo. La pregunta que tenemos que hacernos es entonces ¿En qué momento estos sindicatos, otrora unidos y combativos, fueron infiltrados por las bandas armadas?

Veamos, en primer lugar hay que considerar que no es fortuito que hace mucho tiempo hayan dejado de producirse las multitudinarias marchas de los gremios de construcción civil. En efecto, a partir de los años noventa, con el boom inmobiliario la falta de trabajo ha dejado de ser el principal problema de los agremiados. Por el contrario,  los grandes flujos de capital en el sector inmobiliario, además de generar empleo, han terminado por atraer a los más avezados grupos del hampa.

Sin embargo, hay otros factores en la génesis del fenómeno de los cupos y de las extorsiones. Durante la dictadura fujimorista se dio la llamada flexibilización laboral. En el contexto general se trataba de quitarle fuerza al sindicalismo en el Perú. En el sector de construcción  civil se eliminaron las cuotas (porcentaje de puestos de trabajo) que se reservaba para los miembros de los sindicatos. Ello determinó que precisamente, a través de las marchas (a veces violentas) se lograba arrancar algunos puestos para los agremiados. Otras veces se negociaba por lo bajo con las compañías constructoras para lograr dichos puestos. Éste es precisamente el antecedente más directo de los cupos y extorsiones, hoy dominados por la delincuencia.

Otro factor que agudizó este problema fue la aparición de dirigencias paralelas en los gremios, las cuales rivalizaban por los puestos de trabajo. En el transcurso de estas disputas comienzan a cundir las amenazas y agresiones. Es entonces cuando los propios dirigentes buscan la “protección” de delincuentes y pandilleros para preservar  sus márgenes de poder. Al mismo tiempo exigen el pago para permitir la "normal" realización de las obras. Esto va generando un fondo económico para contratar a bandas cada vez más avezadas. El resto de la historia  es conocida. Estas bandas encontraron en este rubro una forma fácil de ganar dinero y el resultado es la actual situación con dirigentes y trabajadores asesinados por el sicariato.

A pesar de la gravedad y avance del problema de los cupos y extorsiones, la policía aún sólo realiza un trabajo represivo de estos delitos y de sus autores. Una ofensiva de las fuerzas de seguridad implica fundamentalmente un fino trabajo de inteligencia con la participación de agentes encubiertos  en las bandas y gremios más violentos. Para todos es conocido que la mayor parte de los grupos delictivos siguen órdenes provenientes de los penales donde se encuentran sus cabecillas. Esto tornaría más viable el trabajo de infiltración policial, pues el margen de control sería mayor dentro de los penales que en la calle. Desbaratadas las bandas y puestos bajo rejas sus cabezas, corresponde  enorme responsabilidad a fiscales y jueces, pues estos malhechores cuentan con costosos y hábiles abogados quienes pagan altas sumas por su liberación. La ciudadanía y los medios de comunicación deben estar atentos para denunciar y sacar de sus cargos a estos agentes de la ley que, lejos de cumplir su función, se convierten en aliados del delito.